Las dos asociaciones de fiscales del país se oponen al proyecto de reforma constitucional.

Las dos asociaciones de fiscales del país se oponen al proyecto de reforma constitucional que propone el presidente Luis Abinader y que contempla «eliminar el Consejo Superior del Ministerio Público (CSMP)» de la carta magna, y relegarlo a un a ley. Dicen que sería un retroceso para la independencia y autonomía del órgano de gobierno de institución persecutora.

La Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom) asegura que se ha generado un malestar general con la propuesta de suprimir el artículo 174 de la Constitución de la República Dominicana, donde se instituye con carácter constitucional el CSMP.

«El Consejo Superior del Ministerio Público, al estar consagrado en la Constitución, disfruta de una autonomía reforzada, lo que le permite operar con independencia de otras ramas del Gobierno. Ello para garantizar que las investigaciones y procesos judiciales se lleven a cabo sin interferencias políticas o presiones externas», afirma Fiscaldom.

La misma advertencia la externa la Asociación Dominicana de Fiscales de Carreras (Adofic), que preside Edward Manuel López Ulloa, quien explica que retirarle la autonomía constitucional al CSMP y dejársela únicamente en una ley, crea las posibilidades de que también se suprima en esa posible norma.

Fiscaldom entiende que «la eliminación de su reconocimiento constitucional implicaría que su existencia y funcionamiento quedarían sujetos a cambios legislativos, lo cual podría vulnerar su capacidad de actuar de manera autónoma que ayuda a garantizar su independencia».

No los han consultado

Ambas entidades se quejan de que se ha llamado a 50 abogados al Palacio Nacional para discutir el proyecto de reforma a la Constitución y «en el grupo no hay ni un solo fiscal o representación de las asociaciones de fiscales«, siendo «excluidos de un proceso del cual, se supone, su institución es una de las principales protagonistas».

  • «Vamos a hacer todo lo posible para que el presidente escuche nuestras voces y que el presidente recapacite en cuanto a esa propuesta que le están formulando porque no es saludable para lo que él procura, que es dejar un legado positivo a la hora que salga de la Presidencia», dice López Ulloa.

Fiscaldom y Adofic consideran que actualmente el Ministerio Público es independiente. En ese sentido, el presidente de Adofic indica que los presidentes de turno pueden nombrar solo a la procuradora general y siete de sus adjuntos, del total de los «1,100 y poco más miembros» que posee el órgano persecutor del crimen.

Agrega que la autonomía está también en la independencia presupuestaria, no de la manera en la que se escoja al procurador general de la República, siempre y cuando este sea de carrera y de reciedumbre, otorgándole los recursos que el Ministerio Público necesita para que los fiscales se puedan pensionar de manera digna y se propicie una movilidad interna.

Antoliano Peralta «siempre debió estar» en una ley

El consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, respondió a la inquietud de los fiscales al afirmar que se remitirá la composición y funcionamiento del Consejo Superior del Ministerio Público a una ley porque «es donde siempre debió estar».

«En cuanto al Consejo Superior del Ministerio Público, no es cierto que se elimina, como algunos amigos han entendido, sino que sencillamente se remite su composición y funcionamiento a la ley, que es donde siempre debió estar», reaccionó a los cuestionamientos a esa parte del proyecto de reforma a la Constitución.

Argumentó que los órganos de gobierno interno existen para el mejor funcionamiento de sus instituciones, por lo que su formulación no debe estar tan rígidamente regulada como ocurre con las normas constitucionales.

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