Amnistía Internacional condena nuevo Código Penal dominicano por mantener prohibición total del aborto

La reciente promulgación del nuevo Código Penal de la República Dominicana ha generado fuertes críticas por parte de Amnistía Internacional (AI), organización que expresó su profundo rechazo a la normativa por mantener la penalización absoluta del aborto, incluso en las tres causales ampliamente defendidas por organizaciones de derechos humanos: cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, cuando pone en riesgo la vida de la madre, o cuando el feto presenta malformaciones incompatibles con la vida.

El presidente Luis Abinader firmó el Código el pasado 3 de agosto, tras su aprobación en el Congreso Nacional, cerrando así un largo ciclo de debates legislativos. Sin embargo, Amnistía Internacional lamentó que tanto el poder legislativo como el ejecutivo hayan “ignorado buena parte de las demandas de la sociedad civil y de figuras públicas que exigían un mejor Código”.

Astrid Valencia, directora de investigación para las Américas de AI, declaró que al firmar el Código, el presidente dominicano “consolida un legado de violencia institucional e injusticia de género”. Según la organización, la ley perpetúa la “draconiana prohibición absoluta del aborto”, lo que pone en riesgo la vida, la salud y la dignidad de miles de mujeres y niñas en el país.

La República Dominicana es uno de los pocos países en el mundo que penaliza el aborto bajo cualquier circunstancia. Según datos de AI, al menos el 10 % de las muertes maternas en el país están relacionadas con abortos inseguros.

Además del tema del aborto, Amnistía Internacional denunció que el nuevo Código Penal presenta graves omisiones y retrocesos en cuanto a los derechos de las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Entre ellos, la organización menciona:

  • La prescripción de la acción penal en casos de violencia sexual contra mujeres adultas.
  • Una definición regresiva de violencia sexual dentro de las relaciones de pareja, que no cumple con estándares internacionales.
  • La tolerancia al castigo físico contra niñas y niños.
  • La omisión de sanciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

Para Johanna Cilano Pelaez, investigadora del Caribe de AI, estas omisiones “reflejan una visión profundamente patriarcal y machista que busca controlar los cuerpos, las decisiones y la vida de las mujeres”.

Ante este panorama, Amnistía Internacional hizo un llamado urgente al Congreso Nacional y al gobierno dominicano para que reformen el Código Penal antes de su entrada en vigor en 2026. La organización instó a garantizar que la legislación penal dominicana tenga como ejes centrales la protección de los derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación.